La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la indemnización estatal de 435.000 dólares a la familia de Renato Ticona Estrada, uno de los 25 desaparecidos en la dictadura de Luis García Meza. Pero una pregunta aún atormenta a sus allegados: ¿qué pasó con el profesor de música tras aquellos fatídicos 22 y 23 de julio de 1980?
Miércoles 23 de julio de 1980. Aproximadamente a las tres de la madrugada culminan más de seis horas de tortura militar en la escuela de Cala Cala, en Oruro. Al extremo de uno de los cursos del establecimiento, Renato y Hugo Ticona Estrada yacen ensangrentados y sin fuerzas. Uno de ellos nunca más se reunirá con su familia; y su paradero sigue siendo un misterio después de 28 años de lo ocurrido.
El profesor y el dirigente
Renato nació el 12 de noviembre de 1954, dos años después que Hugo, en Sacaca, una población incrustada en el norte de Potosí. Sus padres, César Ticona y Honoria Estrada, pareja ligada a la metalurgia, con el tiempo le dieron dos hermanos más, Merif y Rodo.
El domicilio laboral de su progenitor determinó sus vivencias de colegial. Estudió en la escuela pública de Carmi, para más tarde arribar a la de Morcokala, en la que cursó hasta el primer curso de secundaria. Su bachillerato transcurrió en el colegio orureño Juan Misael Saracho y en la escuela María Luisa Lucio, que lo habilitó como profesor de música, cargo que desempeño en el centro educativo Mariano Baptista.
Sus parientes lo recuerdan como un ser humano sereno, trabajador, sociable y, sobre todo, dedicado a su familia. Trabajaba por la tarde, de lunes a viernes, y su tiempo restante lo dedicaba a la carrera de Agronomía en la Universidad Técnica de Oruro (UTO). A la par, era un topógrafo aficionado, conocimiento que le proporcionaba ingresos extras. Empero, la música era su verdadera pasión, entusiasmo que lo llevó a provocar el renacimiento de la Estudiantina 10 de Febrero y la fraternidad de los Tobas orureños.
Mientras Renato caminaba por la senda cultural, Hugo optó por la política. Fue dirigente de la Empresa Nacional de Fundiciones Vinto, donde fue testigo y actor de la desobediencia sindical hacia las fuerzas represivas de la dictadura de Hugo Banzer Suárez, que se extendió desde 1971 hasta 1978.
Eso no fue todo. Al cursar la carrera de Ingeniería Mecánica en la UTO, tomó parte en el Comité de Bases que apoyó la huelga de hambre de 1977, en la que cuatro mujeres mineras provocaron la debacle política de Banzer y que tuvo como protagonista a la célebre Domitila Chungara. Un año después, Hugo se integró al Directorio de la Federación Universitaria Local, cargo que lo llevó a ser uno de los “más buscados” de la época. Las celdas de la Dirección de Orden Político (DOP) conocieron su nombre. Una fama que, sin quererlo, perjudicaría a Renato.
Llegó el 17 de julio de 1980, meses después de la victoria de Hernán Siles Zuazo en las elecciones generales, se consumaba el golpe de Estado de Luis García Meza, quien tomó la silla presidencial tras la renuncia forzada de Lidia Gueiler Tejada. De inicio se estableció el toque de queda, de nueve de la noche a seis de la mañana, y la censura total de la prensa. Las minas fueron intervenidas y atacadas con un saldo trágico de muertos. Asesores militares argentinos diagramaron las líneas maestras que seguirían la represión, la tortura y la organización de grupos paramilitares dirigidos por Luis Arce Gómez, el ministro del Interior. La caza de dirigentes sindicales y universitarios había comenzado.
A los tres días del “cuartelazo”, las Fuerzas Armadas tomaron los corredores de la Facultad de Ingeniería de la UTO y detuvieron a varios de los líderes del claustro. Hugo formaba parte del menú castrense apresado, pero no pudo ser habido. El peligro arreció para su integridad y, el 22 de julio a las 16.00, uno de sus amigos que tenía un hermano que fungía de agente civil le alertó que lo atraparían contra viento y marea.
El anuncio causó zozobra en la familia Ticona, que tras una reunión decidió que Hugo, acompañado por Renato, emprendiera viaje a Sacaca para refugiarse en la casa de su abuelo, más aún para cuidar a éste, quien se hallaba gravemente enfermo. El país estaba paralizado en sus actividades, es decir, los hermanos no se iban a perjudicar laboralmente con la partida súbita. No imaginaban que les esperaba una odisea dolorosa.
Una respuesta equivocada
Ambos se alistaron en pocos minutos. Desecharon llevar equipaje porque iban a caminar al menos 15 horas rumbo a Sacaca, ya que no transitaba vehículo alguno por el bloqueo en la ruta que conecta a Oruro y Potosí. Por ello, sólo se preocuparon en llevar dinero y la noche sería perfecta cómplice en pos de alivianar el trajín de la marcha. Renato se vistió de chompa café, jeans, tenis, chamarra ploma y gorro de lana; Hugo, de chamarra de cuero café, jeans y calzados.
El cielo estaba despejado y el clima no mostraba síntomas extremos de viento ni frío. A las 17.00 llegó la despedida con los padres y hermanos. Fue en la puerta de su domicilio. Los abrazos, lágrimas y bendiciones no estuvieron ausentes. Renato se mostró demasiado triste, al parecer presentía algo. Empero, las corazonadas fueron relegadas porque había que escapar de Oruro.
La caminata comenzó lenta. Llegaron primero a Vinto y pasaron Sepulturas. La oscuridad comenzaba a ganar espacio en el horizonte cuando se aprestaron a emprender el trayecto que conduce a Cala Cala.
En el ínterin, Renato y Hugo se toparon con dos campesinos que trasladaban ganado a Sacaca. “Nosotros también vamos allí”, les habló Hugo, en quechua. La pareja les prestó poca importancia. La luz de luna ya alumbraba su paso, eran cerca de las 19.30, y los comunarios habían quedado relegados.
La iglesia de Cala Cala anunciaba el inicio de la travesía a Sacaca. De pronto, la tranquilidad del periplo llegó a su fin: una patrulla con más de 20 conscriptos del Regimiento Topáter detuvo a los hermanos Ticona.
¡¿Quién anda ahí?!, les preguntaron. “Nosotros”, respondieron Renato y Hugo al unísono. Los soldados se aproximaron. ¡¿Adónde están yendo?!, volvieron a cuestionarles. “Vamos a Sacaca, llevamos ganado”. Los uniformados percibieron que había gato encerrado. ¡¿Dónde está el ganado?!, increparon. “Ahí atrás”, les informó Hugo.
La respuesta fue por demás equivocada. La vestimenta y la forma de expresarse de los hermanos estaban distantes de los cánones rurales. De inmediato, fueron obligados a ingresar en una caseta. Transcurrió media hora y los campesinos arrieros que habían visto en su caminata llegaron al cruce a Sacaca. La situación empeoró: éstos negaron conocer a los Ticona Estrada y, además, creyeron que eran ladrones. El reloj de Hugo marcaba las 20.00. Renato permanecía callado y nervioso.
El adiós de renato
Sin mayores explicaciones, habrían sido llevados ante el sargento Willy Valdivia y el teniente René Veizaga. La pequeña escuela de Cala Cala se alistó para presenciar una golpiza sin precedentes, luego de que Renato y Hugo fueran despojados de sus documentos de identificación, vestimenta y dinero.
¿De qué partido político son? ¡Carajo! ¡Admitan que son dirigentes! ¡Qué cargos ocupan, mierdas! ¡Dónde se encuentran ocultas las armas en la UTO!, les gritaban sus agresores.
Veizaga se encargó de Hugo, incluso disparó a su alrededor y ordenó que los conscriptos llevaran a cabo simulaciones de fusilamiento con su persona en frente de un muro de la escuela. A Renato lo castigó Valdivia, lo torturó a patadas y palazos. No tuvo piedad con él. “Parecía enfermo”, recuerda Hugo. Obligó a que los soldados le propinaran los golpes de gracia hasta dejarlo casi inconsciente. ¡Por tu culpa no podemos dormir y nos estamos resfriando!, le increpaban unos cuantos.
Ensangrentados y completamente vapuleados, los Ticona Estrada fueron botados en la esquina de uno de los cursos del centro educativo. Marcaban, más o menos, las 03.00. Hugo vomitaba sangre y Renato, en un espacio de lucidez, imploró con voz lastimera: “Un vaso de agua, por favor”. Uno de los reclutas, Erasmo Calvimontes, cumplió la solicitud. Renato bebió del vaso con dificultad para después echarse en el suelo, sin rastros de vida. Al ver la escena, Hugo comenzó a chillar con las pocas fuerzas que le quedaban: “¡Mi hermano está muerto!”.
Veizaga, ese momento, dispuso un “caimán” para trasladar los cuerpos de los hermanos al cuartel/guarnición de Vinto, e informar de lo sucedido al coronel Roberto Meleán, jefe del Regimiento Topáter, quien al parecer autorizó el operativo de ese día. Cinco soldados armados cargaron a Renato. Permanecía inconsciente. Hicieron lo mismo con Hugo, pero no permitieron que se sentara cerca de su consanguíneo. A pesar de ello, el traqueteo del vehículo permitió a éste palpar las manos de Renato. Estaban completamente frías. “Sentí que estaba muerto”, asegura. “¡Lo han matado a mi hermano, malditos!”, volvió a exclamar.
En Vinto, la comitiva fue recibida por oficiales del más alto grado. Inmediatamente se cambió de vehículo a los atormentados y se determinó su envío a las oficinas de la Dirección de Orden Político (DOP), dirigida por Gumercindo Espinoza, quien habría estado ya esperándolos, puesto que dos agentes civiles se lo anunciaron, ellos eran Alfredo Sanabria y Eduardo García.
Hugo fue el primero en ser descendido del coche militar. Todavía pudo dar algunos pasos hacia un patio cercano y luego se instaló en un asiento de una de las oficinas de la DOP. Desde ahí pudo divisar que Renato era transportado a otro ambiente. Desde ese instante, nunca más lo vería.
Pasaron unos minutos y el agente García le pidió su chamarra. “Por ahí para tapar a Renato”, supone Hugo. En la oficina policial, éste continuó gritando, exigiendo respuestas sobre su hermano. Hasta que apareció Espinoza, quien lo volvió a “jaripear” y prefirió separar definitivamente a los Ticona. Hugo, aturdido, fue llevado en una camioneta negro y blanco a la clínica URME.
El periplo de hugo
A las 04.30, Hugo llegaba a la URME, sería vigilado por un agente civil hasta el amanecer. Ese 23 de julio, una vez abierta la atención en la clínica, lo trasladaron a un consultorio para hacerle exámenes de rayos X. Por cuestiones del azar, su otro hermano, Rodo, quien había ido a visitar al dentista del nosocomio, lo vio bajar del segundo piso.
La mala nueva llegó de inmediato a sus padres. Cerca de las 11.00, César y Honoria Ticona se presentaron en el lugar. El administrador, doctor Mario Heredia, les comunicó que Hugo necesitaba una intervención quirúrgica. “¿Y Renato?”, le cuestionaron. Heredia atinó a marcar un número en su teléfono. Están preguntando por el hermano menor, ¿qué les digo?. Tras la llamada, el galeno evadió dar cualquier dato acerca de Renato.
A pocos pasos del diálogo, Hugo era trasladado a la urbe de La Paz. No llegaría a conocer los resultados de sus exámenes médicos. En la sede del Gobierno se lo internó en el Hospital Cossmil, custodiado por ocho agentes y aislado por 15 días.
En Oruro, Ruth Sánchez, visitadora social de la Universidad Técnica de Oruro, comenzaba una gestión ardua: hablar con los dirigentes universitarios detenidos en la DOP. Allí pudo ver cómo los encargados policiales negaban a César y Honoria que sus hijos habían sido arrestados el martes 22 de julio. A petición de la desesperada pareja, Sánchez interrogó sobre el tema en la Dirección de Orden Político.
En las celdas, uno de los detenidos, amigo de Hugo, Nelson Céspedes, reconoció la chamarra ensangrentada de su compañero. Se hallaba en propiedad de un malentretenido conocido como el “Brasilerito”, un personaje que, días después, devolvería la prenda a Sánchez, inmersa en una olla vacía de comida y acompañada por unas llaves. Eran de Renato. Según el “Brasilerito”, cerca de las 03.00 del 23 de julio fue sacado de su celda para cargar a un par de detenidos en estado grave, quienes fueron internados en otro vehículo con rumbo desconocido. Eran Hugo y Renato. Fue en ese lapso cuando se apropió de la chamarra y las llaves.
Más al norte, en La Paz, ya en agosto, Hugo iba a emprender otra travesía. Fue llevado a las celdas del SES (ex DOP), donde hoy se sitúa la Cámara de Diputados, en lo que se conocía como el “Sheratoncito”, nombre dado a un ambiente que tenía una sala. Un sitio con 60 personas apresadas y donde pudo entrevistarse con su familia recién el 20 de agosto, y sólo durante un minuto. Así, el 13 de septiembre, junto con otros 51 presos, fue llevado a Puerto Cavinas, en Beni, donde guardó confinamiento con Cayetano Llobet y Germán “Chunka” Gutiérrez, entre otros. Recobraría su libertad el 4 de noviembre en la urbe paceña, después de firmar en el Ministerio del Interior un compromiso para no inmiscuirse nunca más en política. Reunido con sus padres, comenzó a indagar la suerte de Renato. Pero con pocos resultados.
Al poco tiempo, el administrador de la Clínica URME, Mario Heredia, en un arranque de piedad, informó a la familia Ticona que Renato se encontraba paralítico en una casa de seguridad de Oruro y que iba a ser trasladado al Estado Mayor de La Paz. La Prefectura paceña confirmó el hecho. Renato portaba el número 00358 entre los “viajeros”.
No se supo más hasta el 24 de diciembre, cuando uno de los allegados de la parentela, Napoleón Estrada, recibió la llamada telefónica anónima de un supuesto miembro de las Fuerzas Armadas que le confirmó que Renato sí estaba paralítico en el Estado Mayor. César, Honoria y Hugo retomaron las esperanzas de hallarlo con vida y recurrieron al Ministerio de Culto, donde una autoridad de apellido Rico Toro les indicó que efectivamente Renato estaba en la guarnición militar; ello tras horas de súplica de los Ticona.
Éste les aconsejó conseguir certificados de buena conducta y de trabajo de Renato y un garante. Cumplido ello, “Rico Toro” prometió la entrega del hijo en Oruro, en el Arzobispado citadino, entre las 13.00 y 19.00 de uno de los días de fin de año. Fue un compromiso que cayó en saco roto. Y “Rico Toro” siguió sembrando ilusiones en la familia, hasta que al final los echó de su despacho gritándoles que no sabía nada de Renato.
El calvario de los Ticona continuó por casi tres décadas. Siempre tropezaron con el mutismo y hermetismo de autoridades prefecturales, gubernamentales, militares y judiciales.
La lluvia de hipótesis
“No sabemos en qué momento llevaron a mi hermano a la URME, si antes o después de mí”, dice Hugo. Nunca se llegó a saber nada, sólo hay hipótesis, y las versiones sobre el paradero final de Renato sobran.
De acuerdo con una de ellas, su cadáver fue trasladado de las oficinas de la DOP de Oruro de retorno al cuartel de Vinto y enterrado el jueves 24 de julio en la madrugada, con la participación de ocho oficiales en la zona del Regimiento Topáter. Uno de los conscriptos testigos, Erasmo Calvimontes (quien dio el vaso de agua a Renato antes de que éste desfalleciera), declaró que por medio de otros soldados se enteró de que a Renato lo pusieron en un cuarto pequeño donde crían conejos. Allí debió de permanecer solo durante el día hasta que lo halló muerto un conscripto de nombre José Tola. Por ello, fue enterrado en un sitio alejado del Topáter.
Un segundo rastro indica que Renato murió en el DOP de Oruro y luego fue llevado a La Paz en una camioneta prefectural.
La tercera versión, comunicada a la madre de Renato por el ex administrador de URME Mario Heredia y una llamada anónima a su hermano, postula que el profesor fue llevado paralítico al Estado Mayor de La Paz. Al respecto, el conscripto Wágner Cabrera afirmó en las investigaciones que habló con Renato cuando se encontraba en un calabozo de esa guarnición. Ticona le habría dicho que estaba abandonado y que le entregaría un mensaje para sus padres. Empero, al día siguiente, a las 06.00, Renato había desaparecido.
Fuentes “casi oficiales” también aseguraron a Honoria que Renato fue recluido en una casa de seguridad del oriente del país.
Y la última versión viene del ex presidente de facto Luis García Meza, quien el 15 de abril de 2004 aceptó que en su régimen Renato Ticona fue detenido, e implicó al ex secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana Jaime Solares (supuestamente agente del ex general bajo el alias de “Baldarachi”). “Una de las tareas encomendadas a Solares… fue la de informar sobre la ubicación de los hermanos Ticona Estrada. Una vez que fueron hallados, ambos hermanos fueron detenidos. Uno de ellos, Renato Ticona, desapareció (…) Solares habría sido el sepulturero de Renato Ticona”. La acusación fue rechazada por el líder minero orureño.
Sin embargo, hay una nueva pista que quita el sueño a Hugo. Uno de sus compañeros que trabajaba durante la dictadura de García Meza como chofer de uno de los automóviles de la Corporación de Desarrollo de Oruro, a la hora de morir, confesó que el 22 de julio de 1980, mientras estaba de turno, transportó a dos agentes civiles que debían enterrar a Renato, H.P. y F.R.A., ex funcionarios de la Policía Técnica Judicial de esa ciudad. Tal vez ellos conocen el paradero de Renato.
Hugo está casi seguro de que su hermano fue enterrado al sur del Regimiento Topáter, en el campo de extracción Conchilla, y que su tumba es una de las tantas excavaciones en el sitio de más de cinco hectáreas.
El proceso penal en el juzgado Tercero de Partido en lo Penal y la Corte Superior de Distrito de La Paz determinó el año pasado la sanción de 30 años de cárcel para René Veizaga, Willy Valdivia y Roberto Meleán, y más de tres años para Alfredo Sanabria y Eduardo García. Todos ellos fueron declarados rebeldes y contumaces a la ley; no obstante, el abogado de oficio de Veizaga asumió la apelación del caso y se espera el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la ciudad de Sucre.
A la par, en diciembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas determinó la responsabilidad del Estado boliviano en la desaparición de Renato y conminó al Gobierno a indemnizar a su familia con 435.000 dólares y a castigar a los culpables. Pero aún queda en el aire una pregunta para los Ticona Estrada: ¿Qué pasó con Renato? Similar interrogante que se deben de hacer los allegados de otros 24 desaparecidos en la dictadura de García Meza. Mientras, al igual que ellos, la respuesta todavía parece distante para César, Honoria, Hugo, Merif y Rodo.
“Aún esperamos hallarlo con vida”
Hugo Ticona Estrada habla sobre cómo recibió su familia la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las cuentas pendientes que aún tiene el Estado boliviano sobre la desaparición de su hermano.
—¿Cuándo les llegó la notificación con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
—Supimos que estaba tratando el tema el 24 de noviembre del año pasado, en una reunión reservada, y el entonces defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, nos comunicó el 23 de diciembre que había salido la sentencia a nuestro favor.
—¿Cómo recibieron la noticia?
—Mis padres siempre han peleado por la devolución de los restos de mi hermano. En el proceso judicial habíamos endurecido posiciones a fin de que el Estado pueda hacer conciencia y coadyuve en ello. La sentencia salió en septiembre de 2008 y se sentenció a los principales imputados con 30 años de cárcel. Y apareció únicamente René Veizaga para pedir la nulidad del juicio y apeló ante la Corte Suprema de Justicia. Creímos que, al aparecer uno de los acusados, que aún está activo en el Ejército, podíamos saber el destino de mi hermano. Pero el Estado no hizo nada, no tuvimos respuesta. Queremos recuperar el cadáver de Renato para darle sepultura. Mis padres quieren despedirse de él.
—¿Cuáles serán los pasos que ahora seguirán?
—El abogado nos ha recomendado que podemos activar nuevamente los mandamientos de aprehensión en contra de los rebeldes. Y vamos a pedir la ratificación de la sentencia.
—¿En cuanto a la ubicación de los restos?
—Repito, no existe la colaboración del Estado. El Canciller y los abogados del Gobierno conocen este hecho, al igual que el Viceministerio de Justicia, pero no han ayudado en nada en el esclarecimiento del hecho, más aún sabiendo que Veizaga sigue en las Fuerzas Armadas. Incluso planteamos levantar la demanda y quedarnos callados si nos ayudaban a encontrar el cadáver de mi hermano. Aparte, la gente que conoce el hecho no quiere decirnos algo por temor a las represalias, porque estamos hablando de paramilitares.
—¿Hasta cuándo deben pagarles la indemnización?
—Hay el plazo de un año. Vamos a entablar contacto con las autoridades gubernamentales en enero. Sobre todo, queremos la devolución de los restos, tal como ordena la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
—Entonces, ¿siguen vigentes las diferentes versiones sobre el último paradero de Renato Ticona?
—Sí. Mis padres siguen amargados porque lo primero que desean es dar sepultura a los restos de Renato, y luego morir en paz. De alguna manera esta indemnización aliviana el sacrificio económico de 29 años de búsqueda. Y rezamos por que ojalá haya ocurrido algo que nos lleve a hallar vivo a Renato. La incertidumbre mata, y mis padres siguen pensando que algun día van a volver a encontrar a mi hermano.
El caso Trujillo, otra incógnita irresuelta por el Estado
Otro hecho que ha sentado jurisprudencia en el ambiente internacional es el caso de José Carlos Trujillo. La despreocupación estatal hacia su desaparición forzada en la dictadura de Hugo Banzer Suárez (1971-1978) llevó a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos castigue a Bolivia con una sanción ejemplar. Un jalón de orejas que se repitió con el caso de Renato Ticona Estrada.
José Carlos nació en La Paz, el 15 de mayo de 1949. Tuvo como padrastro al connotado muralista Wálter Solón Romero, quien lo guió en su formación académica. Y contaba con 22 años cuando fue detenido por fuerzas paramilitares el 23 de diciembre de 1971. Una época de sangre y fuego cuando fueron apresados y torturados cientos de dirigentes, universitarios y militantes políticos. José Carlos estaba plenamente comprometido con la resistencia al régimen de facto al formar parte del Ejército de Liberación Nacional.
Su madre, Gladis Oroza, lo vio con vida hasta el 12 de febrero de 1972, inmerso en una celda del centro de detención El Pari, en Santa Cruz. Su cuerpo aún permanece desaparecido. Sus carceleros sólo atinaron a explicar que lo habían trasladado a la jefatura de la Policía Nacional para un interrogatorio.
En ese momento, Gladis inició una búsqueda interminable e infructuosa. Por ello, en 1992, con la ayuda de la organización por la defensa de los derechos humanos Americas Watch, presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana. Y el 25 de enero de 2000, la repartición falló en contra del Estado boliviano, a cuyos funcionarios acusa de la desaparición y muerte de José Carlos.
La resolución fue histórica y sentó un precedente en la jurisdicción de los derechos humanos en la región. Asimismo, la Comisión reclamó que se realice una investigación completa sobre el caso para identificar y procesar a los autores materiales del hecho. Aparte, el 8 de marzo de 2002, la Corte Interamericana ratificó este veredicto y ordenó al Estado nacional que pague una indemnización de al menos 400.000 dólares a los familiares.
Hasta ahora, al igual que en el caso de Renato Ticona, no se pudo hallar el paradero final de José Carlos, y los supuestos involucrados en su detención resultaron beneficiados hace pocos años con la extinción de la acción penal, luego de que los expedientes del caso circularan por varios juzgados tras la excusa de los magistrados para conocerlo, alegando varios argumentos. Un tema pendiente.
