Yacimientos, ¿víctima de la corrupción?

Las irregularidades en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que en esta oportunidad versan sobre acusaciones de desvío de combustibles en la empresa estatal, en la estación de Camarapa del Distrito Oriente, han abierto una verdadera caja de pandora, por decirlo sutilmente. Parece haber puesto en descubierto, según lo que se conoce hasta ahora, una red de corrupción en el proceso de distribución de hidrocarburos en la ciudad de Santa Cruz. Problema complejo. Problema lamentable.
El telón de esta aparente tragedia, de manera sorpresiva, como en una obra de teatro que se inicia por el final, se abrió con la aprehensión del exresponsable comercial del Distrito Oriente de YPFB Rómulo Arturo Velásquez, quien, de acuerdo con las denuncias que cursan en su contra, podría haber cometido una serie de delitos en el ejercicio de funciones, mismos que incluirían el uso indebido de influencias y/o el uso indebido de bienes del Estado. Cabe resaltar que esta exautoridad se encuentra detenida en la cárcel pública de Palmasola. Sin embargo, lo que inicialmente podría tratarse de un caso aislado de corrupción, ha traído consigo aristas de mayor alcance.
En el primer día de las investigaciones, en la parte prematura de proceso, tal vez en el análisis de los primeros documentos, se habría sospechado de la participación de diversos servidores públicos en este tipo de actos. ¿Se trata de 10 empleados? ¿20? ¿Cuántos realmente? La Fiscalía tiene a un conjunto de personas bajo la lupa, personas que podrían verse implicadas, digamos, en riesgo de ser procesadas. Por su parte, el sindicato de la empresa estatal ha roto el silencio y ha denunciado dos casos adicionales, mismos que pueden tener relación con las investigaciones que se realizan en contra de Velásquez. ¿Se denunciarán otros?
Los protagonistas de esta faena son un fiscal anticorrupción y los asesores legales de YPFB, quienes tienen en sus manos una gran responsabilidad. Misma que conlleva, garantizando el justo y debido proceso a quienes resulten investigados, la averiguación sobre la realidad de los hechos y, en su caso, la obtención de las pruebas que constituyan suficientes elementos de convicción o de punibilidad que den inicio a un juicio oral y público.
Si bien aplaudimos la celeridad con la que la Fiscalía ha tomado cartas en el asunto, lamentamos la poca cobertura que los medios de comunicación han realizado sobre este hecho. Sobre todo la de los medios que de alguna u otra manera dependen del Gobierno, quienes no han considerado este caso de relevancia nacional en sus ediciones. De repente se está minimizando la gravedad de este asunto. De repente se quiere callar este tema.
A todo esto cabe preguntarse qué es lo que sucede en YPFB. Más allá de los discursos, de la firma de contratos frente a las cámaras de televisión, a los pesados adornos florales que cuelgan de los cuellos de sus autoridades en las recepciones, nos interesa saber si existe cabida a políticas anticorrupción en esta entidad.
Nos consultamos si es de interés del Estado proteger la imagen de esta importante empresa. Ya que el mensaje que cala, y cala hondo en la ciudadanía, es que Yacimientos es víctima de actos de corrupción.

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