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La nueva ley minera

Por José Guillermo Tórrez - Columnista - 5/03/2013


Se ha informado que hay una voluntad política tendiente a viabilizar la nueva ley minera, creando una expectativa en el proceso de aprobación en el parlamento.
La tesis de distribuir nuestra economía entre el Estado, la actividad privada y la cooperativa requiere una fórmula real de adaptación. La minería necesita una nueva estructura de organización empresarial, por ser uno de los factores económicos más importantes. Esta descentralización debe compaginar el desarrollo regional, con la participación de los gobiernos regionales, alcaldías y, otras actividades interesadas en el desarrollo de cada una de las comunidades y de sus departamentos, con criterios metodológicos y operativos que realmente respondan al tema social y al problema del espacio territorial.
No se puede comprender como en el año 2013,  siglo XXI, como han podido convivir en el mismo espacio de actividades productivas, que entre sí tienen centenares de años de distancia, agricultura y minería. El avance tecnológico de un yacimiento y de un ingenio minero sea este estatal o privado muestra a nuestra gente coexistiendo con el arado de palo egipcio a escasos metros donde está ubicada cualquier mina en explotación. El colonialismo interno pervive. Las empresas mineras que pagan salarios, que mantienen servicios sociales importantes son enclaves rodeados de poblaciones pobres.
Este paso de la verdadera autonomía en Bolivia obliga a los departamentos autonómicos a crear empresas autónomas, de acuerdo con el tamaño de nuestro organismo empresarial. Las regalías debe ser para solucionar este problema social lacerante, para esa gente que nada recibe y no depositar al tesoro para ese centralismo secante. Ese “gigantismo” no se compadece con el enclenque universo de nuestro tinglado industrial, no sólo minero sino general.
Es necesario un ordenado levantamiento de las reservas fiscales mineras con inversiones relevantes para sacar adelante áreas deprimidas.
Ha llegado la hora del poder regional, donde todos sus habitantes estarán con los ojos puestos en las decisiones de sus gobernadores y alcaldes, que deberán definir políticas que no sólo vayan a equilibrar la relación costo-beneficio de las empresas mineras, sino a construir en sus unidades genuinos polos integrales de desarrollo regional y de interrelación productiva con el medio rural que no son políticas de izquierda o de derecha, sino de sentido común.
El alza de los precios de los minerales y la puesta la puesta en marcha de las nuevas operaciones mineras de mediana y gran envergadura han propiciado la mejora en la industria minera, señalada por los indicadores de este sector.
Esta situación sobre nuestros recursos naturales de lo que tanto se habla y de la cual no se ejecuta ninguna política consistente y seria, configura sistemáticamente un balance, cuando se analizan los proyectos, tales como Mutún, el Litio del Salar y el complejo de la química básica de Uyuni, Mallku Khota, Las Aguas del Silala, Huanuni, Colquiri y otros. Lo único que se funde es estaño en Vinto. Más de un centenar de propiedades mineras avasalladas. El nuevo Código Minero tan mentado, la ley de inversiones, crea esta expectativa.
Los precios de internacionales batieron todos los records en el mercado mundial. Las características que ofrecen en esta época, estos precios de minerales y metales, de petróleo y gas, productos forestales, producción agrícola y pecuaria, textiles, manufacturas, y otros configuran una oportunidad que se la ha desaprovechado. Existe un viejo adagio que sostiene que "la única mercancía que no se puede recuperar es el tiempo perdido" y, sobre este tema ya no es pertinente ni serio seguir hablando de la herencia de los anteriores gobiernos.
Cuan perjudicial es cerrarse en una ideología.

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