Ed. Impresa LOS PACAHUARA NO SON MÁS DE 25 MIEMBROS

CINCO ETNIAS, A PUNTO DE PERECER

Por Gregory Beltrán - La Prensa - 25/08/2013


CINCO ETNIAS, A PUNTO DE PERECER - Gregory  Beltrán La Prensa

CINCO ETNIAS, A PUNTO DE PERECER - Gregory Beltrán La Prensa

Un proyecto de ley planifica bases militares, de residuos nucleares y de residuos tóxicos. 

Un informe del Ministerio de Justicia señala el peligro que enfrentan al menos cinco etnias que están en riesgo de desaparecer, en medio del debate que se inició  precisamente para elaborar un proyecto de ley que proteja a estos pueblos indígenas. A esto se suma que la pasada semana se presentó un proyecto de Ley de Consulta para las comunidades originarias, que pudieran ser afectadas por proyectos estatales, que establece que tendrán derecho a veto en sólo tres casos.

En este segundo proyecto se establecen medidas legales en contra de quienes decidan entorpecer el proceso de consulta, previa, libre e informada.

PUEBLOS EN EXTINCIÓN. La pasada semana, la viceministra de Justicia Indígena Originario Campesina, Isabel Ortega, convocó a los representantes de las naciones y los pueblos en peligro de extinción y en situación de aislamiento voluntario a participar en el debate para preparar el anteproyecto de Ley de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas. Según explicó la autoridad, el objetivo es hacer un levantamiento, sistematización y análisis de las observaciones y propuestas concretas de las organizaciones participantes para el ajuste del anteproyecto de ley.

La Viceministra señaló que el anteproyecto obedece a la obligación del Estado a proteger a estos pueblos indígenas originarios que se encuentran en peligro de extinción, según se estipula en el artículo 31 de la Constitución y la ratificación de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, además del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

El Gobierno recordó que en 2010 se implementó una metodología participativa para la construcción colectiva del anteproyecto. Hubo visitas a los pueblos y aquellos que tienen contacto con segmentos de pueblos en aislamiento voluntario.

La autoridad mencionó que los pueblos en riesgo de desaparecer son los Pacahuara, de quienes se sabe que no son más de 25 individuos; los Tapieté, que --dijo-- son sólo 32 familias; los Machineri, que son sólo 40 familias; los Yaminahuas, que en total son 100; y finalmente está el pueblo Guarasugue, que se cree que está compuesto por 42 personas. "Son estos pueblos los que hemos identificado con menor densidad poblacional y puede estar en riesgo su existencia física y cultural".

Con la norma, se busca imponer una sanción de dos a 25 años de reclusión para quienes atenten los derechos de estos pueblos, bajo la creación de los tipos penales de genocidio cultural, perturbación cultural, financiamiento a la perturbación cultural y daño ambiental.

BASES MILITARES. El proyecto de Ley de Consulta Previa, aprobada en Cochabamba entre el Gobierno y organizaciones indígenas, establece que sólo tendrán derecho a veto en tres casos: cuando se prevea el traslado o la reubicación de comunidades, la instalación de bases militares o el depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos en sus territorios. Pero al igual que el proyecto de Ley Minera, que está en preparación, estipula que la última palabra sobre la ejecución de proyectos extractivos y de desarrollo en sus regiones corresponderá al Gobierno en caso de que no se hubiese logrado un consenso pata encarar las actividades.

EL PROYECTO DE LEY DE CONSULTA PREVIA LIBRE E INFORMADA, CONSENSUADO POR UNA COMISIÓN NACIONAL EN COCHABAMBA, HACE SEIS EXCEPCIONES EN ESTE PROCEDIMIENTO: cuando las medidas que se asuman estén relacionadas a "la seguridad y defensa del Estado"; para la atención de catástrofes o desastres naturales, atención de epidemias o emergencias santiarias; cuando se garantice la seguridad o el control de ilícitos; cuando se proceda a fortalecer los derechos fundamentales de las naciones y pueblos indígenas y otros; cuando se derive de la jurisdicción legal, y 22 competencias constitucionales del Estado.

EL GOBIERNO PREVÉ APLICAR UNA SANCIÓN PENAL DE DOS A 25 AÑOS CONTRA QUIENES ATENTEN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN POR LOS DELITOS DE GENOCIDIO CULTURAL, FINANCIAMIENTO A LA PERTURBACIÓN Y DAÑO AMBIENTAL.

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