Ed. Impresa La pausa durará cinco años, hasta diciembre de 2018

No se revertirán las tierras ociosas

Por Gregory Beltrán - La Prensa - 6/12/2012


PRODUCCIÓN. Maquinaria realiza trabajos agrícolas en una propiedad del oriente del país. - Gregory  Beltrán La Prensa

PRODUCCIÓN. Maquinaria realiza trabajos agrícolas en una propiedad del oriente del país. - Gregory Beltrán La Prensa

El proyecto fue aprobado en la Comisión de Diputados por pedido de la cumbre de 2011.

La tierra ociosa no podrá ser revertida a dominio del Estado, salvo algunas excepciones, durante los próximos cinco años de acuerdo con el proyecto de ley que fue aprobado en grande y en detalle en la comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados y que surgió como parte de las demandas de un encuentro, que se realizó hace un año.
Según el proyecto, la pausa en la verificación de la Función Económica Social (FES) se hará por única vez y tendrá una duración de cinco años “aplicable únicamente a predios con superficies iguales o menores a las 5.000 hectáreas tituladas”.

 CAMBIOS A LA LEY INRA. Una de las primeras medidas que asumió el Gobierno en 2006 fue modificar la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de 1996, tres años después, convocó a un referendo para determinar la propiedad máxima de la tierra que se definió en 5.000 hectáreas. También se definió continuar el proceso de saneamiento y expropiar las propiedades que no cumplan la FES.
El presidente de la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, José Yucra, dijo que los empresarios y las organizaciones sociales solicitaron en el primer encuentro plurinacional, que se realizó en diciembre del año pasado, que se apruebe una pausa en la verificación de la FES de aquellas propiedades menores a 5.000 hectáreas “con el único objetivo de que se garantice a esos empresarios que puedan acceder a financiamiento, a través de su propiedad”.
Las normas en vigencia establecen que después de dos años, el INRA verifica nuevamente si el predio cumple la FES, lo que dificulta la posibilidad de acceder a créditos bancarios.
En este sentido, el proyecto de ley establece una pausa de cinco años, a partir de su promulgación, que se prevé para 2013, hasta diciembre de 2018, y a partir de ese momento, se reanudará el proceso de verificación.
El proyecto establece seis excepciones para aplicar la norma: cuando se presenten denuncias; cuando se compruebe de oficio la tenencia improductiva de la tierra, exista servidumbre o actividades delictivas como narcotráfico; procesos de expropiación en curso; reversiones que tengan un proceso anterior a la norma; que exista una propiedad dentro de los 50 kilómetros de la frontera; y por incumplir el programa de producción de alimentos y restitución de bosques.

 SE BENEFICIARÁ A TERRATENIENTES. El diputado oficialista, Juan Carlos Claros, informó que se beneficiará, con esta pausa de la verificación de la FES, el 70 por ciento de los pequeños productores campesinos, pero también los propietarios que tienen grandes extensiones de tierra “en pequeña medida, porque ya iniciaron sus trámites de saneamiento. El problema es que no les llegó todavía su titulación”.
El legislador reconoció que hay problemas económicos y de personal en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para concluir el proceso de saneamiento y por eso existen problemas para que los propietarios accedan a créditos bancarios.
El INRA preveía sanear esta gestión alrededor de 14 millones de hectáreas, con lo que sólo restan 24 millones para concluir el proceso, que además está definido por ley, debe ser concluido durante el próximo año.

La ley de reconducción comunitaria de la Reforma Agraria fue producto de una movilización y la presión de los sectores sociales. El exviceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, dijo, cuando se promulgaba la norma, que “grupos de poder intentaron frenar el proceso de redistribución equitativa de la tierra en Bolivia”. Una de las principales modificaciones a la Ley INRA señala que “es causal de reversión, el incumplimiento total o parcial de la Función Económica Social..., por ser perjudicial al interés colectivo, y se sustancia ante la Dirección Departamental del INRA”, cuyo director debe ser quien dicte resolución.

EL proyecto de ley señala que en caso de desastres o catástrofes naturales se establecerá, mediante un decreto, el procedimiento especial para valorar el cumplimiento de la función económica social de los predios.