Ed. Impresa Organizaciones sociales realizan el control de recursos del IDH|

El Fondo Indígena no tiene un fiscalizador

Por Gabriela Imaña - La Prensa - 19/09/2011

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REUNIÓN. Dirigentes del Conamaq debaten apoyo al Decreto 748. - Gabriela Imaña La Prensa

Capacitaciones y proyectos agrícolas, entre otros, son ejecutados actualmente.

Los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) asignados a las organizaciones sociales no cuentan con un fiscalizador, sobre el uso que se le da a ese dinero.
El jiliri Apu Mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Sergio Hinojosa, dijo que son estas organizaciones las que realizan el control de los recursos otorgados. “Nosotros somos los que controlamos el dinero que nos entregan. Durante los gobiernos neoliberales, no podíamos tener acceso a lo que se hacía con el dinero, pero ahora tenemos un control sobre los gastos que se realizan en todos los proyectos”.
Hinojosa señaló también que en los próximos días dará un informe del avance de los proyectos que se están ejecutando.
20 de diciembre. El 20 de diciembre de 2010, y seis días antes de la promulgación del Decreto Supremo 748, que incrementó los precios del diésel y la gasolina, el Gobierno entregó 1.259 millones de bolivianos (180 millones de dólares, aproximadamente) a siete organizaciones sociales. Según información del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, dicha cifra debió ser entregada periódicamente en el transcurso de los cinco años precedentes.
Ese dinero fue distribuido entre la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC).
LOS PROYECTOS. El monto debe invertirse en la ejecución de 1.057 proyectos mediante diversas actividades. Por ejemplo, la formación de líderes para los suyus, markas, ayllus y comunidades originarias simaqu, de la provincia Ingavi, tiene presupuestados 922.727 bolivianos.

350 millones de bolivianos se entregaron a la CSUTCB. Fue el segundo monto más elevado.

Los recursos provienen de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La Ley 3058 establece que los fondos canalizados se deben destinar a diversas entidades.