Piden al INRA que diga de quién es el TIPNIS

“El Gobierno se ha metido en un menudo lío por no haber aplicado desde el principio el derecho a la consulta”, asegura el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque.

En criterio de la Fundación Tierra, la solución al conflicto por la construcción del tramo II de la carretera que pretende unir a los departamentos de Cochabamba y Beni está en manos del Gobierno, debido a que es la instancia que debe aclarar quiénes son los propietarios del Territorio Comunitario de Origen (TCO), cuántas comunidades existen y quiénes son los pobladores del Consejo Indígena del Sur (Conisur) que llegaron el lunes a la ciudad de La Paz.
El director ejecutivo de esta institución, Gonzalo Colque, explicó que la única manera de resolver este conflicto “es que todo esto se resuelva con base en los antecedentes y al expediente de la titulación de la TCO. Es un expediente que está bajo 10 candados en este momento, nadie tiene acceso, porque el expediente recoge todos los conflictos anteriores, todas las conciliaciones, el rol que jugó el Presidente siendo dirigente de las seis federaciones del trópico en las conciliaciones, en el saneamiento, en la delimitación de la línea roja”.
No obstante, tanto el presidente Evo Morales como el vicepresidente Álvaro García Linera señalaron que este conflicto debe ser solucionado por las propias organizaciones indígenas.
Existe una confusión, sin embargo, respecto a quiénes son en realidad los verdaderos propietarios del área protegida.
Hasta el momento no se conoce el contenido del título ejecutorial que fue entregado por el Primer Mandatario el 13 de junio de 2009, donde se establece que la propiedad comunitaria se consolida en una superficie de 1.091.656 hectáreas.
La Fundación Tierra publicó en 2010 un informe sobre Territorios Indígena Originario Campesinos en Bolivia, en el que se revisa el caso de la TCO del TIPNIS.
Según la institución, el Conisur está formado por 15 comunidades que no están dentro de la TCO, sino en la zona colonizada que se conoce como Polígono Siete, cuyas delimitaciones permanentemente fueron modificadas por los cocaleros hasta que el actual Gobierno definió lo que se conoce como la “línea roja” que marca la división entre los indígenas y los colonos.

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