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Claudia Eid

Nueva Ley del Cine: un momento crucial para los creadores bolivianos

Si bien, actualmente, las producciones nacionales acceden a financiamientos extranjeros para el rodaje de películas y, hace poco, la Ley de Culturas de La Paz dio un paso gigante en cuanto a políticas públicas para el impulso a los audiovisuales y la producción artística en general, el cine es el único arte que cuenta con una ley en nuestro país. La primera fue promulgada en 1991, en el Gobierno de Jaime Paz Zamora, y la segunda fue aprobada en grande por la Cámara de Diputados el miércoles pasado, pero aún falta una instancia para que se promulgue.
Entre los cambios más significativos que propone el Proyecto de Ley Nº 132 del Cine y Audiovisuales Bolivianos está la sustitución del actual Consejo Nacional del Cine (Conacine) por la Agencia de Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (Adecine) como institución pública descentralizada bajo la tuición del Ministerio de Culturas y Turismo.
Otro de los cambios relevantes en esta nueva ley son los fondos de fomento, que ya no son reembolsables, a diferencia de la antigua ley, que daba los fondos en calidad de préstamo.
Muchos artistas del gremio expresaron su conformidad a través de redes sociales e incluso comunicados de sectores organizados como Cineastas Independientes de Bolivia. En general, hay un consenso en que se necesita regir la actividad con una ley actualizada, pero, desde Cochabamba, las cosas se ven distintas.
Fue en esta ciudad que, en 2013, se hizo el Congreso Nacional del Cine y Audiovisual Boliviano, que reunió a más de 200 personas de toda Bolivia y, desde entonces, se ha estado trabajando en dicho proyecto de ley, que, en la actualidad, según dice uno de los representantes del rubro en Cochabamba, Sergio Estrada, no mantiene del todo el espíritu trabajado entre los artistas.
“Ahí (en el Congreso) se definió el espíritu de la ley y varios puntos que después se plasmaron en una propuesta de ley presentada al Ministerio de Culturas cuando todavía Pablo Groux era ministro. Esa propuesta intentaba que haya una mayor representación del sector cinematográfico en la definición de las políticas públicas, que tienen que ver con lo cinematográfico, y se había discutido mucho sobre esta representatividad, porque hasta el momento que había funcionado el Conacine con mitad y mitad de representantes del Estado y del rubro, se vio que el Estado no cumplía sus funciones o que sus representantes no conocían la actividad cinematográfica. Y creemos que en esta nueva propuesta no se ha llegado a eso, es más de lo mismo, pero el espíritu de ese Congreso también era que haya representación regional y del sector indígena, y eso se ha vuelto a quitar y no es lo que se quiere y se había pedido”, enfatiza Estrada.

Medidas inmediatistas
Sobre el Fondo Cinematográfico, Estrada asegura que lo que se propone ahora es muy inmediatista. “Sólo sirve para la producción de películas y no contempla todo lo demás. Lo que se proponía era que tenga que ver con toda la cadena de producción del cine. El desarrollo es integral, también hay que ver el mercado, para que nuestro trabajo sea sostenible, estamos hablando de una industria cultural, se necesita trabajar en eso, no sólo tener un fondo para producir películas”.
Por su parte, el director de películas como “Averno”, el paceñoMarcos Loayza, asegura que lo fundamental es que la nueva ley tiene un Fondo de Fomento Cinematográfico no reembolsable. “Esto va a depender de la taquilla boliviana, mientras la gente vaya al cine, habrá fondo. Si se logra administrar bien el fondo, será un cambio significativo para el cine nacional y va a depender mucho de la capacidad de gestión que pueda tener el nuevo director de Adecine, porque para el cine nacional hay muchas oportunidades y fondos del exterior, y también se puede tramitar fondos dentro del propio Ejecutivo. Creo que es una buena ley (la nueva) y se la puede mejorar trabajando estos puntos e, incluso, puede ser un ejemplo para las otras artes”, dice el director de “Cuestión de fe”.

Responsabilidad del Estado
Estrada observa que con la nueva ley se está recayendo en el mismo error de ley de 1991: no se responsabiliza al Estado por el fomento a la actividad audiovisual en el país.
“Se había propuesto que salga una partida del TGN (Tesoro General de la Nación), como una señal de verdadera participación y compromiso del Estado en el fomento a la actividad. En esta nueva ley, se vuelve a delegar a la sociedad civil y al sector privado el sostenimiento de este fondo sin que el Estado asuma una responsabilidad”.
Estrada también hace énfasis en que la participación de lo indígena no tiene tanta presencia en el proyecto de ley como la tuvo en el Congreso celebrado en Cochabamba.

Un paso
Sin embargo, se puede decir que este momento representa un paso para los cineastas bolivianos. Por ejemplo, el realizador Diego Mondaca afirma que éste es un avance determinante para lograr finalmente una Ley del Cine y Audiovisual en Bolivia.
“Ley que hace tiempo ya se está trabajando, conversando y soñando. Festejo que se ha logrado fundamentalmente una cohesión del grupo de trabajadores del cine boliviano. Entendiendo la urgencia de una ley que posibilite y garantice nuestra actividad laboral, una actividad que implica a toda la cadena productiva que atraviesa al cine. Buscamos una ley que garantice la formación, producción y distribución de nuestras cinematografías, que las distintas áreas de trabajo sean representadas. Y, muy importante, estamos hablando acá de algo que no sólo es concerniente al rubro cinematográfico, sino fundamentalmente a toda la sociedad. El cine aporta al desarrollo cultural crítico de una sociedad como también al movimiento económico de la misma. Tenemos ya aprobado el proyecto de ley y, como decía al inicio, es un paso importante. Ahora toca seguir adelante para poder resolver los entrabes técnicos que aún se deben mejorar. Estoy seguro que seguiremos avanzando”.
Mientras, la directora de “Las malcogidas”, Denisse Arancibia, dice que, para ella, lo más importante es tener un fondo y estar muy cerca de por fin tener, como en el resto del mundo, una ley que está pensada para “hacer cine”.

 

“Esa propuesta intentaba que haya una mayor representación del sector cinematográfico en la definición de las políticas públicas”
(Sergio Estrada)

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